En cuanto a política se trata el 2016 fue uno de los años más decisivos para Colombia, un país que ha vivido el desarrollo de uno de los conflictos armados más largos de la historia contemporánea. Después de años de conversaciones en La Habana, y tras la derrota en un plebiscito en el que el gobierno de aquel entonces le preguntó a los electores sí aprobaba o no dichos acuerdos entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, el Congreso de la República refrendó un nuevo documento. En este, supuestamente, estaban consignados apuntes y propuestas de los opositores a dichos diálogos, pues como es de público conocimiento lo que suciedió de La Habana dividió al electorado Colombiano.
De esos eventos han pasado ya cinco años, a pesar de la incapacidad del expresidente Santos para ver a la paz como una política de Estado y no de gobierno, en este quinquenio el país ha visto muchos avances en la implementación de esos acuerdos: el trabajo de la Jurisidicción Especial para la Paz (JEP) y la reincorporación de miles de excombatientes de la guerrilla a la vida civil son pruebas de ello. Sin embargo, también existen aspectos que hacen que lo que se firmó en el Teatro Colón aquel 24 de noviembre de 2016 siga siendo visto con malos ojos por una gran porción de la ciudadanía. Ciudadanía que fue ignorada y clasificada como manipulable y egoísta con la paz por el gobierno de aquel entonces. Además, a esto toca sumarle la actitud cargada de soberbia y cinismo que han acogido varios de los cuadros y líderes de las antiguas FARC, hoy convertida en partido político con financiación, personaría jurídica y curules. A pesar de que en reiteradas ocasiones Juan Manuel Santos resaltó que acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad no serían congresistas hasta que respondieran por dichos delitos.
Sí, actitudes como las de la señora Sandra Ramírez, el señor Carlos Lozada y la señora Victoria Sandino. Personajes que se la pasan pregonando que el gobierno del presidente Duque no ha implementado el acuerdo de paz pero, al mismo tiempo, le hacen homenajes al Mono Jojoy, expresan que a los secuestrados a los que les arrrebataron durante años su libertad, siendo encadenados y esclavizados en medio de las selvas de Colombia eran tratados con dignidad, diciendo que tenían sus “camitas” y sus “cambuches”. Sí, esos mismos personajes que cometieron secuestros, pescas milagrosas, abortos, reclutamientos forzosos de menores de edad, masacres, atentados terroristas, cobro de extorsiones entre otros crímenes han contribuido muy poco en los procesos judiciales para el esclarecimiento de la verdad, reparación y no repetición de los actos que llevaron a cabo en la insurgencia. Para variar se creen con el derecho de venir a dar cátedra de moral, a hacer control político y a señalar con su dedo inquisidor a todos aquellos que critican su presencia en el poder legislativo.
Sí, actitudes como las de la señora Tanja Nijmeije que en días recientes obtuvo un título de maestría emitido por la Pontificia Universidad Javeriana, cuestión que en lo personal celebro. Pero también soy consciente que la Nijmeije ha coperado con muy poco a la construcción de paz y verdad para el pueblo al que tanto dice defender. No me malinterpreten, yo como Martín Santos prefiero ver a las personas en las aulas desarrollando habilidades para debatir y para construir soluciones en pro del desarrollo de la paz y el pensamiento crítico. Sobre todo en un país tan azotado por la violencia, la intolerancia y la inequidad. Prefiero ver a la gente en las universidades y no empuñando un fusil mientras siembran minas y bombas. Pero también quiero que estos personajes tengan un mínimo atisbo de vergüenza por todos los actos que comitieron cuando militaron en grupos terroristas. Me parece paradójico que alguien como Tanja Nijmeije, que creció en uno de los países más desarrollados de Europa y, que recibió una educación privilegiada, no hubiera visto otra manera mas acertada y menos violenta de ayudar y “reivindicar” al pueblo colombiano que militando en la que fue considerada una de las organizaciones terroristas más violentas y sanguinarias del continente americano
Todas las personas tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad; y, más aún, todos tenemos derecho a tener posturas y visiones diferentes de la política. Pero así mismo tenemos el deber de reconocer nuestros errores, tener una actitud de arrepentimiento frente al daño que causamos y no arrojarnos el privilegio «de que como participamos en una mesa de negociación y logramos un acuerdo de paz todo se borrará. Por lo tanto, el Estado y la ciudadanía nos salió a deber porque nosotros les hicimos el favor de dejar las armas con las que amedrentábamos a las personas para conseguir nuestras metas». Tal vez por eso el partido de los Comunes no ha despegado. Tal vez por eso la gente del común a diario les recuerdan a estos señores y señoras que unas curules, una personería jurídica o un título de maestría no borraran las acciones que cometieron cuando a nombre del pueblo cometían crímenes en contra del pueblo.
Columna escrita el 15 de diciembre de 2021.
*Santiago Enrique Coll Hernández.
*Estudiante de VIII semestre de Ciencias Políticas en la Universidad de La Sabana.
Comentarios
Publicar un comentario